MÁS SOBRE MI BALANCE DE GESTIÓN

Reitero este suscinto balance de mi trabajo como viceconsejero de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, cargo que he tenido el honor de desempeñar hasta estos días, tras ser nombrado, en agosto de 2011, por el presidente Paulino Rivero, al que agradezco la confianza depositada en mi persona. Me voy con la sensación de haber trabajado a fondo; con una cierta frustración por las cosas que quedan a medias, aunque otras personas supongo que las continuarán y culminarán; y con la mejor opinión sobre el personal humano, funcionarial o laboral, impecable y altamente cualificado, de la Consejería. Con el sistema de cuotas territoriales y partidistas que prevalecen en la política canaria, era dificil -como se ha confirmado- poder continuar en el gobierno, sin un respaldo de partido. En mi ámbito de responsabilidades he tenido relación directa con el desarrollo del “Sistema Canario para la Autonomía y la atención a la Dependencia”. La denominada ley de dependencia entró en vigor en el 2007 sin ficha financiera ni la necesaria modulación en su desarrollo, generando unas expectativas imposibles de cubrir en la situación de crisis económica sobrevenida. Las dificultades también han provenido de la gestión del acceso a la situación de dependencia en Canarias, al intervenir una administración más, lo Cabildos insulares. Una parte de esos Cabildos tienen las competencias asumidas en régimen de transferencia y, el resto, delegadas. Hay que producir una descentralización más completa y eficiente, y poder simplificar así el procedimiento de acceso. La aprobación de un sistema conjunto para la derivación de personas dependientes que ocupan plazas hospitalarias, médicamente dadas de alta, a centros sociosanitarios, que pueden responder mejor a su situación de cronicidad y dificultades sociales, es otro aspecto clave de la gestión en el que hemos trabajado. Por último, quiero hacer una especial referencia a la nueva ley de servicios sociales. Una ley cuya tramitación se interrumpió en el año 2010. La participación social es clave para el éxito de esta iniciativa. En el borrador de anteproyecto hay un novedoso título dedicado a la inclusión activa y, en definitiva, a la centralidad del acceso al empleo para las personas en exclusión social, o riesgo de estarlo, y de apoyo a las empresas de economía social para facilitarlo. La ley debe clarificar nítidamente las competencias de cada administración en el ámbito de los servicios sociales y animar y encausar la contribución de las entidades de iniciativa social.